BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 737
|
BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 737
Del
5 de noviembre del 2014
Por
CORREPI especial para Villa Crespo Digital
18
de noviembre del 2014
Sumario:
1. Inundados en Moreno: Las aguas no bajan, la represión
tampoco.
2. Todos por la absolución del delegado de FATE Víctor
Ottoboni.
3. Cinco policías presos por plantar droga: la excepción
en un modus operandi.
4. Impunidad para los asesinos de Atahualpa.
5. Victoria popular: ¡Oswaldo Quispe en libertad!
Inundados en Moreno: Las aguas no bajan, la represión tampoco.
Los
vecinos de Las Catonas, barrio pobre de Moreno, cansados de repetir
la experiencia periódica de inundarse por la ausencia total de
obras en el arroyo que lleva su nombre, decidieron reclamar sobre la
Ruta 23, precisamente en el puente que está sobre su cauce.
Ningún funcionario se acercó, ninguna respuesta se obtuvo.
Las aguas siguen ahí.
La única presencia efectiva del estado, fue la de un operativo
policial destinado a reprimir la protesta.
Varios policías, al mando del comisario Ramos de la 8ª de
Moreno, desplegaron toda su "capacidad" para hacer cesar la
protesta: balas de goma, gases, palos y golpes sobre las mojadas espaldas
de los vecinos.
Algunos heridos por balas de goma, chicos y gente mayor golpeados por
el "valiente" accionar de los guardianes de la ley, completan
el saldo de tres detenidos: una pareja de changarines, Cristian Redes
y Verónica Aguirre, y Walter Carrera, un docente de la zona,
todos brutalmente golpeados en la comisaría. La que más
sufrió fue Verónica. Agarrada de los pelos y aplastada
su cabeza contra la pared de la oficina principal, presenta un preocupante
dolor de cabeza con la sien hinchada, además de rastros de ahorcamiento
en su cuello. Todo con el aval de la Fiscalía Nº 8 de Moreno,
que burdamente imputa a los detenidos el corte ilegal de la ruta.
Rápidamente reaccionaron los otros vecinos y varias organizaciones
de Moreno. Plantados en la puerta misma de la comisaría, no paramos
de exigir la libertad de los detenidos. Producto de esa presión,
se apuraron los trámites que finalmente derivaron en su liberación.
Los casquetes de las balas oficiales, a la vera de las aguas putrefactas
del arroyo, dan testimonio de lo que es el sistema: no se combate a
la pobreza sino a los pobres, ellos deben morirse de miseria, y, si
resisten, aparece la policía.
La responsabilidad, sin embargo, excede a los perros guardianes vestidos
de azul, y llega allí donde la impudicia y la violencia se visten
de intendente, ministro o gobernador. Desde West a Scioli, pasando por
Granados y toda la política punteril, que, impune y canallesca,
aún proclama algo así como "la década ganada".
Todos
por la absolución del delegado de FATE Víctor Ottoboni.
Hace
tres años y dos meses, la patronal mandó a un vigilador
de la empresa que terceriza las tareas de seguridad en la planta de
FATE a denunciar que los delegados de los trabajadores lo golpearon
y amenazaron.
Apenas notificada la denuncia, CORREPI y CeProDH asumieron la defensa
de los delegados. Con organización y lucha, logramos hace un
año que dos de los delegados, Alejandro Crespo y Ariel Godoy,
fueran sobreseídos. Pero la patronal redobló su presión
contra el tercero, el compañero Víctor Ottoboni, y logró,
a pesar de la ausencia de toda prueba, llevarlo a juicio.
En las audiencias que comenzaron el lunes pasado, declararon como testigos
de la fiscalía, vigiladores, carneros y personal jerárquico
de FATE. Ninguno, ni siquiera el mismo denunciante, pudo sostener con
algo de seriedad la mentirosa acusación.
Los trabajadores de FATE, delegados, y miembros de la ejecutiva del
SUTNA San Fernando, en cambio, describieron frente a la jueza lo que
pasó en realidad ese 14 de septiembre de 2011, cuando en una
jornada de paro votado en democrática asamblea en la Seccional,
la patota hostigó y provocó a los delegados de los trabajadores
para impedir que accedieran a la fábrica. Contaron también,
cómo se trabaja en FATE, y por qué es tan necesaria la
organización de los trabajadores por fuera de la burocracia.
A pesar de que quedó demostrado que ésta es una más
de tantas causas armadas por la patronal para quitar los fueros gremiales
a los representantes gremiales, el fiscal pidió que el compañero
Ottoboni sea condenado a 6 meses de prisión.
El lunes 10, a las 12:00, cuando se lea la sentencia en Moreno 623,
San Isidro, debemos estar frente al tribunal, para defender al compañero,
porque este es un ataque a toda la clase trabajadora.
Cinco
policías presos por plantar droga: la excepción en un
modus operandi.
La
noticia es concreta, y agradable en parte: cinco policías pertenecientes
a la comisaría 10ª de Ingeniero Budge fueron condenados
a 4 años de prisión por haber plantado 2 kg. de cocaína
a una pareja de trabajadores peruanos que, un día, se negaron
a pagarles a estos descarados la cuota reglamentaria para que los dejen
trabajar en paz, es decir, el peaje con que la policía constituye
su (enorme) caja chica.
Una vez leída la noticia, enseguida, llega la indignación
del caso, en esta oportunidad alimentada por lo rapaz de la maniobra,
porque estos desclasados se aprovechan de la vulnerabilidad de los inmigrantes
latinoamericanos, porque le siguen robando la plata a los pobres, porque
son ellos los que manejan la drogaetc.
Una vez más: que la indignación no suponga ni genere la
sorpresa.
Este caso se produce en torno a un modus operandi de la policía,
a una de esas actividades que todos, incluso aquellos que son fascistas
o de derechas, reconocen como propias de la institución. En efecto,
es esa característica (la corrupción y el chantaje, por
decirlo de algún modo) la que desde la mayoría de los
sectores políticos se propone como urgencia o prioridad "a
modificar" (sic) de las fuerzas.
La policía necesita esa caja chica para solventar sus gastos,
el coche 0 km. que cualquier 4 de copas se compra apenas entra a la
fuerza y/o cualquier otro símbolo de las apetencias tan propias
del sistema capitalista por las que estos desclasados se desviven. Pero
no sólo se trata de dinero. No, la policía también
necesita ejercer ese poder inapelable y mafioso para perpetuar su opresión
sobre la clase trabajadora, para enseñar en los barrios quién
es el que manda, para demostrar que la categoría de delito es
algo muy maleable y siempre utilizable contra una misma clase. La policía
necesita de esta versión del control social como necesita de
las otras. La necesita porque sin ella, sin todas esas versiones del
control social (las tradicionales, las "nuevas"; las morales,
las ideológicas, las económicas) dejarían de ser
lo que es.
Cabe recordar que el 7 de enero de 2003 murió Jorge "Chaco"
González, un vecino de Fiorito, tras ser torturado, el 14 de
diciembre de 2002, por los policías Concha y Quevedo de la 5ª
de Lomas de Zamora. Cuando lo llevaron detenido, llamaron a su madre,
nuestra compañera Ramona, para decirle que si no les llevaba
$2.000, "lo bajaban a juzgado con una carátula pesada".
Otra forma de extorsión, no muy diferente a la de cobrar peaje
al que tiene un despacho de gaseosas y pan en la ventana de la casilla,
como la pareja peruana de ahora.
De nuevo: no es un policía, es toda la institución. Hasta
que la palabras, reales y filosas como machetes, partan de un golpe
este embrujo colectivo que nos damos entre todos (por interés,
por malicia, por apatía, por ignorancia) para vivir.
Impunidad
para los asesinos de Atahualpa.
La
semana pasada se realizó el juicio por el asesinato a Atahualpa
Martínez Vinaya, un pibe mapuche-aymara de 19 años muerto
en junio de 2008. Después de seis años, la justicia que
familiares y amigos esperaban, no llegó. Atahualpa fue asesinado
por segunda vez, con la bala de la impunidad y los familiares volvieron
a sentir avivarse el dolor.
En la madrugada del domingo 15 de junio de 2008, a Atahualpa lo sacaron
de un boliche, le dispararon por la espalda y arrojaron su cuerpo a
5 kilómetros del lugar. En la única puerta del lugar había
dos patovicas y dos policías rionegrinos. Los cuatro dijeron
no haberlo visto salir: un joven de 1,80 de estatura y 100 kgde peso
no pasa fácilmente desapercibido.
A los pocos días, apenas enterrado el cuerpo de Atahualpa, familiares
y amigos, acompañados por organizaciones de Derechos Humanos,
se plantearon una lucha tan básica como fundamental: esclarecimiento
pronto y justicia. En contrapartida, en ese momento comenzaron los permanentes
hostigamientos y amenazas a la familia, las pruebas falsas, las trabas
en una causa que culminó con un juicio indignante: Testigos desconocidos,
amigos amenazados, perejiles y encubrimientos. Algo está claro,
jueces y policías defienden a toda costa a los responsables directos
del crimen.
El jueves pasado culminó la pantomima de juicio, con la noticia
de absolución a los tres imputados: Belén Barrientos,
Carlos Morales Toledo y Felipe Carrasco. El dolor de la familia no es
porque los imputados hayan quedado en libertad, sino porque a más
de seis años del asesinato de Atahualpa, no hay responsables
por la muerte del joven. Sin embargo, saben que todo este dolor debe
ser convertido en lucha para acabar con tanta injusticia.
No nos sorprende el accionar de la justicia, que responde a los intereses
de los de arriba, permitiendo el hostigamiento en los barrios y absolviendo
a los asesinos del pueblo. Sabemos que la justicia no va a venir de
nuestros mismos verdugos, debemos arrancarla con organización
independiente y lucha consecuente.
Victoria
popular: ¡Oswaldo Quispe en libertad!
El
pasado jueves 30 de Octubre, luego de ocho meses de cárcel en
Ezeiza, y más de un mes de prisión domiciliaria, obtuvimos
la libertad del compañero Quispe. Una vez más, la defensa
llevada adelante por la Gremial de Abogados, junto a las organizaciones
que se movilizaron, logramos frenar la persecución del estado
peruano contra un luchador popular.
Las únicas pruebas que había remitido el estado peruano
para sostener su acusación contra Quispe eran las declaraciones
de los otros imputados, obtenidas bajo tortura en la dependencia de
la DINCOTE (la Dirección Nacional contra el Terrorismo) más
las de dos policías; aunque uno luego declaró no poder
reconocer a ninguno de los acusados.
Hay que tener en cuenta que Perú adoptó, desde hace tiempo,
la doctrina Garzón de "todo es ETA", reemplazando ETA
por Sendero Luminoso, y que tiene legalizada la pena de muerte. Eso
era suficiente para rechazar el pedido de extradición, y sin
embargo, se le dio trámite. Oswaldo estuvo detenido más
de ocho meses, tuvo que soportar que el juez que instruyó la
causa fuese el mismo que lo juzgase, que rechazara prueba de la defensa,
que en vez de resolver con las pruebas que estaban al momento del juicio,
le otorgase 45 días al estado peruano para que mejorase su acusación...
A pesar de ello, ni el compañero Oswaldo, ni los compañeros
que llevaron adelante la defensa, ni las organizaciones que formamos
parte del Comité de apoyo y solidaridad con el pueblo peruano
y los presos políticos, bajamos la guardia. Y finalmente, el
juez en su sentencia, hubo de escribir que rechazaba el pedido de extradición
"por razones de orden público y por considerar que no habían
ofrecido suficientes garantías de cumplimiento de la normativa
internacional que conforma el sistema interamericano de protección
de los derechos humanos, particularmente aquella contra la tortura y
otros tratos o penas crueles e inhumanos, así como la vinculada
al respeto suficiente de las garantías judiciales".
Es decir, lo que denunciamos desde el inicio: que Oswaldo era un perseguido
político y que el estado peruano aplica la tortura.
Sabemos que el estado peruano seguirá llevando adelante su política
de perseguir a los luchadores más allá de sus fronteras,
de hecho aún está pendiente el caso del compañero
Juan Manuel Laurente Carranza, abogado defensor de presos políticos
en el Perú. En el caso de Juan Manuel, como en el de Oswaldo,
consideramos que es una tarea de primer orden para las organizaciones
obreras y populares ponerse a la cabeza de la defensa de los compañeros
represaliados por el Estado burgués, independientemente de las
diferencias tácticas y estratégicas que nos separen, y
muy en particular teniendo en cuenta el contexto continental y global
de avances represivos sobre los luchadores bajo la rúbrica de
la 'lucha contra el terrorismo'.
Ahí esteramos para darle batalla y pelear por su no extradición,
pero hoy estamos de festejo, Oswaldo está con nosotros, y sumará
su fuerza para esa pelea.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
12.461
