BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 739
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BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 739
Del
18 de noviembre del 2014
Por
CORREPI especial para Villa Crespo Digital
31
de diciembre del 2014
Sumario:
1.
Cuando la cuenta acabe…
2.
Triple crimen de Rosario: ¡perpetua a los sicarios de la policía!.
3.
Más amenazas a testigos de juicios a los genocidas.
4.
Aleccionadora jornada coronada con la absolución de los compañeros
de ATE.
5.
Delicias de la vida conyugal: Berni y el fiscal a los gritos.
Cuando
la cuenta acabe…
Circulan
los mails en nuestros correos… como circulan los muertos por el
estado entre sus palabras. Es que, a menos de dos semanas de la presentación
que haremos en Plaza de Mayo -el informe anual sobre el archivo de casos
que revela y denuncia la represión sistemática sobre nuestro
pueblo- las lista no termina de crecer. Y aunque son números,
son historias. Personas con una identidad, detrás de otras millares
que han sido asesinadas en este territorio. Pero después de todo
son esa cantidad, que duele, pero que con contundencia enuncia el horror
de una realidad insostenible entre los propósitos de la tan pregonada
democracia.
Durante
el mes de septiembre, en la cárcel de Coronda, provincia de Santa
Fe, murieron Juan Gabriel Michetto (52) oriundo de Rafaela y Marcos
Ponce (30) de origen santafesino. Ambos sufrieron quemaduras en un incendio,
provocado, según la versión penitenciaria, tras una pelea
entre presos.
En lo
más profundo de la localidad bonaerense de Moreno, el Cuartel
V, un prefecto se cobró la vida de dos adolescentes de 16 años,
disparando sobre sus cabezas. El milico aparentemente fue a cobrar venganza
por el robo que padeció su padre y les dio con total desprecio
un par de balas certeras. Uno de los chicos falleció en el momento,
el otro fue hospitalizado de urgencia y murió poco después.
Para zafar al cuasi colega, la policía plantó el correspondiente
“perro” y la justicia armó con broches y brillantinas
una bonita causa por drogas donde los pibes aparecen como imputados.
Cambiando
el escenario exterior por uno al interior de la comisaría, en
Freyre, a unos 200 km. de la ciudad de Córdoba, Héctor
Boos, un joven de 24 años, fue encontrado “ahorcado”
por la guardia nocturna. Claramente, ni los familiares ni los compañeros
que nos compartieron la información creen en tan absurda mentira.
Héctor tenía antecedentes, dijo la prensa. Héctor
robó y fue “alojado”, pero no hubo bienvenida ni
merienda, lo liquidaron unas pocas horas después. Un fiscal lo
investiga. Tal vez el cuento tenga un final harto conocido: que parezca
un accidente.
El último
muerto que nos deja esta semana el estado – y que es tan escaso
de rigor en nuestro incompleto seguimiento- fue asesinado en la Comisaría
nº 20 de Orán, Salta. Eusebio Cardozo era un hombre mayor,
que fue detenido por tenencia de drogas. La guardia del turno nocturno
del sábado lo golpeó salvajemente. Eusebio murió,
y la inteligente coartada de sus victimarios fue que los golpes se produjeron
no por molerlo a palos y puñetazos, sino por la epilepsia que
padecía hacía un año. Al hombre lo levantaron esa
noche en su domicilio, dicen que alcoholizado, dicen que padeciendo
adicciones, y dicen que por eso le dio el ataque. La familia nunca les
creyó, por eso se movilizó y logró que se impute
a cuatro de los policías. Porque a pesar de que las actas médicas
digan que Eusebio ingresó por cuadro epiléptico, que volvió
a ser detenido después del alta y nuevamente entró en
shock horas más tardes, el estallido de sus pulmones y la hemorragia
interna evidencian lo que es: la policía no nos cuida, la policía
nos mata, adentro o afuera, con las armas que les entrega el estado,
amparados por los jueces que decoran sus derechos.
Triple
crimen de Rosario: ¡perpetua a los sicarios de la policía!.
¿Inseguridad?
Por supuesto, los habitantes de la República Argentina la sienten
y sufren día a día. Nos referimos a la constante amenaza
que las fuerzas represivas representan sobre el pueblo y descargan con
total impunidad.
El miércoles
se iniciaron los alegatos de apertura de la fiscalía de un caso
ejemplar en el que hay pruebas, incluso según la fiscal Nora
Marull, de la relación de los imputados con la policía.
Estamos hablando del triple crimen de Rosario, acontecido el 1º
de enero de 2012.
Marcelo “Moki” Suárez (22), Claudio “Mono”
Suárez (19), Jeremías “Jere” Trasante (17)
y Adrían “Patom” Rodríguez (18), cuatro pibes
de un barrio rosarino, esperaban esa madrugada a otros amigos para festejar
año nuevo. Pero los que llegaron, en una camioneta Kangoo, fueron
Sergio “Quemado” Rodríguez, Brian “Pescadito”
Sprío, Mauricio “Maurico” Palavecino y Daniel “Teletubi”
Delgado, que los acribillaron, dejando como sobreviviente a Moki, quien
pudo escapar corriendo. Según la primera historia oficial, los
asesinos buscaban a otra persona, Ezequiel “El Negro” Villalba,
para vengarse de quien supuestamente había baleado al hijo de
Quemado Rodríguez, pero se equivocaron.
La novela
del “ajuste de cuentas” entre narcos con error en la persona
incluido se cayó gracias a la movilización de amigos,
familiares y militantes del Movimiento 26 de Junio y del Frente Popular
Darío Santillán, organizaciones que desde el inicio del
juicio están acampando frente a los tribunales provinciales,
que develaron los vínculos y complicidades de los asesinos con
la policía.
La semana
pasada, la fiscal acusó a Quemado, Pescadito y Teletubi de ser
coautores del hecho, y a Maurico de ser partícipe necesario.
Planteó que los acusados son integrantes de “Los Monos”,
una banda narco de Rosario, de fuerte vínculo (como no puede
ser de otra manera) con la policía, lo que está probado
por escuchas telefónicas que, por ejemplo, dan cuenta de cómo
Quemado escapó con su ayuda cuando fue detenido hace un tiempo
en Entre Ríos.
No estamos
hablando de un ajuste entre narcos. No estamos hablando de una venganza,
ni de una venganza fallida.
Estamos
hablando de la impunidad con la que amigos de la policía bajaron
de una camioneta y acribillaron a unos pibes que estaban esperando a
sus amigos para festejar fin de año. Exigimos la condena, que
será igual incompleta sin los tres policías acusados del
encubrimiento, que aún no fueron juzgados.
Podés
seguir el proceso en www.triplecrimen.org.
Más
amenazas a testigos de juicios a los genocidas.
El 22
de septiembre, comenzó el juicio oral por los crímenes
cometidos durante la última dictadura cívico-militar,
en el Centro Clandestino de Detención de Monte Peloni, cerca
de Olavarría.
La ciudad
operó como cabecera del circuito de represión de la zona
124. Cuatro verdugos a sueldo del capital fueron sentados en el banquillo,
acusados por alrededor de 45 testigos y acorralados por la lucha de
los organismos de derechos humanos. Son el entonces teniente coronel
Ignacio Aníbal Verdura, jefe del Área Militar 124; el
capitán Walter Jorge “El Vikingo” Grosse, oficial
de Inteligencia de la Plana Mayor del Regimiento de Caballería
de Tanques 2 “Lanceros General Paz”; el teniente primero
Horacio Rubén Leites jefe del Escuadrón “A”
y el sargento Omar “Pájaro” Ferreyra, integrante
del Grupo Operaciones del Escuadrón Comando, ambos del mismo
regimiento. Los cuatro genocidas están imputados de “homicidio
agravado con ensañamiento, privación ilegal de la libertad
y torturas” por más de veinte compañeros detenidos
desaparecidos.
El 30
de octubre fue encontrado, en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría,
donde se lleva adelante el juicio oral, un sobre cerrado sin inscripciones
que contenía en su interior una nota con graves amenazas. El
texto estaba firmado por CAOS (Comando Argentino Olavarriense Solidario).
Estas
prácticas las pueden continuar llevando a cabo porque el aparato
represivo del estado actual es solidario, como lo anuncian en su nombre,
con su antecesor de la dictadura, y porque la impunidad es propia del
poder.
La desaparición
de Jorge Julio López o el asesinato de Silvia Suppo no son excepciones
ni casos aislados. Son acciones políticas para intimidar a los
testigos de los juicios a los genocidas, y por extensión, a cualquiera
que se organice para luchar por sus derechos. En estos años de
lucha las amenazas no sólo continuaron, sino que se extendieron
a distintos sectores que, comprometidos con esta lucha, resistimos en
las calles.
Desde
el estado, la única respuesta es el silencio que pretende naturalizar
la desaparición, y el accionar del aparato represivo hacia los
luchadores populares. Es larga la lista de testigos de distintas causas
penales contra las fuerzas represivas actualmente en funciones que han
sido perseguidos, amenazados e incluso asesinados. Siempre, atrás
de cada muerte, de cada desaparición, de cada intimidación,
están ellos, la policía, la gendarmería y las demás
fuerzas represivas, con métodos iguales o distintos, pero un
mismo rol: cuidar privilegios, proteger los intereses de los de arriba.
La única
protección para los testigos, para los sobrevivientes y para
el pueblo en su conjunto es que todos los genocidas sean juzgados y
condenados a cárcel común, perpetua y efectiva.
Aleccionadora
jornada coronada con la absolución de los compañeros de
ATE.
El jueves
13 de noviembre, la fuerte movilización de los trabajadores estatales
de la ciudad de Buenos Aires y las organizaciones que, como CORREPI,
los acompañamos, se coronó con otro triunfo popular. Mariano
“Maro” Skliar, Delegado General de la Junta Interna de ATE
en Promoción Social y Humberto “Pitu” Rodríguez,
Secretario Gral. Adjunto de ATE Capital, fueron absueltos en el juicio
iniciado como represalia de una movilización en el marco de un
plan de lucha a fines de 2012.
En una
sala de audiencias rebosante de militancia, los compañeros hicieron
el mejor uso de su derecho a decir algo antes de que el juez diera a
conocer la sentencia. Pitu Rodríguez reseñó el
conflicto y remarcó el carácter político del proceso,
formalmente presentado como una interrupción del servicio de
trans`porte del Metrobús de la Av. 9 de Julio. Reivindicó
la lucha, que logró resolver parcialmente algunos de los reclamos.
El compañero
Maro, a su turno, desnudó con enorme lucidez la función
disciplinadora del sistema penal y su condición de garante de
la legitimidad del sistema. Mostró, ejemplo tras ejemplo, cómo
jueces y fiscales actúan de distinta manera, según la
orientación que les provee la defensa de sus intereses de clase.
A partir
de las palabras de la propia fiscal de la causa, que en su alegato sostuvo
que su función era “recortar”, del conjunto de los
hechos sucedidos, por legítimos que fueran, aquel tramo en que
“se cometió una acción típica, antijurídica
y culpable”, el compañero demostró cómo ese
“recorte” expresa aquellos intereses de la manera más
cruda, y se contrapone con la forma en que el mismo ministerio público,
en tanto órgano estatal, selecciona unos imputados sobre otros,
para sistemáticamente garantizar la impunidad de represores y
sus mandantes.
Con ejemplos
concretos, desde Luciano Arruga al Triple Crimen de Rosario; o el Tano
Nardulli y Diosnel Pérez, en contraposición a los policías
que fusilaron en el Parque Indoamericano, el compañero desgranó
un análisis del carácter de clase de la justicia y del
rol del estado como órgano de opresión de la clase dominante
que arrancó aplausos del público, y motivó al juez,
antes de absolverlos, de tratar infructuosamente de contestarle, con
generalidades propias de un profesor mediocre de instrucción
cívica.
No menos
significativos fueron los argumentos del magistrado para la solución
liberatoria. Su exposición, después de fundar que sin
dudas para él se trató de un hecho punible como contravención,
fue una retahíla de disculpas y excusas hacia arriba, y de reproches
para la policía y el fiscal de instrucción, a los que
responsabilizó por no haberle provisto más elementos para
poder afirmar la responsabilidad de los compañeros, a los que,
en ese caso, hubiera querido condenar.
Así,
quedó claro, una vez más, que a los compañeros
los defendemos adentro, pero sobre todo afuera de los tribunales, y
que cada absolución es un triunfo que arrancamos a contrapelo
de la voluntad de jueces y fiscales, que no garantizan otra cosa más
que los privilegios de los que mandan.
Delicias
de la vida conyugal: Berni y el fiscal a los gritos.
La discusión
tiene un origen concreto, un informe realizado por el fiscal Delgado
sobre el accionar de la Policía Federal. En dicho informe, preparado
para su jefa, la procuradora Gils Carbó, el fiscal repasa algunos
puntos que, más allá de no sorprender a nadie que tenga
una mínima conciencia o conocimiento del accionar policial, tuvieron
la capacidad de enfurecer al irascible Sergio Berni, esa mezcla entre
Rambo de las Pampas y capo de las Juventudes Hitleristas que nos saluda
todos los días desde la Panamericana mientras se relame por apalear
trabajadores.
Seamos
lo más concretos posible, ¿qué dice el informe?
Pues nada que “revolucione” las investigaciones sobre el
actuar de la policía: prácticamente no se investiga la
trata ni el narcotráfico. En el primer caso, se observan como
prácticamente inexistentes los resultados en materia de trata
de personas, aún después de la sanción de la Ley
26.364, en el segundo, se evidencia que las detenciones originadas en
base a la infame Ley 23.737, al menos en su 70%, apuntan a detener usuarios
para consumo, es decir, “perejiles” que duermen a la sombra
por fumar un porro o por padecer una adicción galopante a drogas
duras.
¿Extrañan
estos números? ¿Resultaba necesario el informe “iluminador”
del fiscal? Ciertamente no: cualquiera sabe que la policía es
una pata imprescindible del delito organizado y que, tanto en la trata
como en el tráfico de drogas, su participación es clara.
También sabe cualquiera del “teatro antidisturbios”
que despliega la Federal (y el resto de las fuerzas) respecto a esos
mismos delitos, armando causas, cazando a pobres pibitos para verduguearlos
o robarles la cocaína.
Siendo
así ¿por qué se enoja Berni?; bueno, resulta muy
claro: porque los investigan, porque se pone en evidencia la parodia
policial, la ineficacia, el elemento delictivo que la anima.
Ahora
bien, ¿esto implica que el fiscal Delgado y su jefa vienen a
impugnar la esencia misma de la policía o a proponer cualquier
otra cosa? Por supuesto que no: el fiscal quiere que la policía
sea más “proactiva”, es decir, quiere una policía
“mejor”, o “más eficiente”, que continúe
cumpliendo su función “natural”, es decir, reprimir
a los pobres y luchadores para seguir perpetuando los privilegios e
inequidades propios de cualquier sociedad dividida en clases.
Ninguna
conclusión de un fiscal (que cobra de la misma mano y en la misma
ventanilla que el comisario o el cabo) irá jamás contra
el status quo de las premisas capitalistas; a lo sumo, como en este
caso, encenderá algunos fuegos artificiales reformistas y “progres”
contra la “corrupción” policial y se lamentará,
tristemente, de que no tengamos una policía más numerosa
o efectiva.
Un par
de gritos, algún reproche, una bravata… delicias de la
(múltiple) vida conyugal estatal.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
15.017
