BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 740
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BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 740
Del
25 de noviembre del 2014
Por
CORREPI especial para Villa Crespo Digital
31
de diciembre del 2014
Sumario:
1. Por qué tenemos que ir a Plaza de Mayo el viernes.
2.
Cristina va de Shopping y le compra juguetitos a Milani.
3.
Gatillo fácil acá, y allá, en el norte.
4.
No pasarán.
5.
Cristian Ferreyra, vive en la lucha de cada compañero.
Por
qué tenemos que ir a Plaza de Mayo el viernes.
En de
abril de 1996, el presidente Carlos Menem "explicó"
a los medios por qué crecían las denuncias públicas
por fusilamientos policiales: "Hay periodistas de pluma fácil",
dijo. Enseguida, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía
Federal, comisario Adrián Pelacchi, y por el ministro del Interior
y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Vladimiro
Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz de
Videla respondiendo sobre los desaparecidos: "¿Dónde
están los nombres?".
Delia
Garcilazo, mamá de Rodolfo "Fito" Ríos, torturado
hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992, trajo
la propuesta: "Hagamos una lista de todos los asesinados por las
fuerzas de seguridad, de todo el país, desde que terminó
la dictadura, y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo".
Cerca
de fin de año, habíamos reunido datos de 262 casos de
personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde diciembre
de 1983. Allá nos fuimos, un puñado de compañeros
con un megáfono y el recién nacido ARCHIVO DE PERSONAS
ASESINADAS POR EL APARATO REPRESIVO ESTATAL abajo del brazo.
La repercusión
que tuvo la humilde actividad, y la enorme utilidad que pronto vimos
que tendría contar con una herramienta que nos permitiera mostrar,
en nuestra militancia cotidiana, lo más invisibilizado y naturalizado
de la represión, motivó a CORREPI a sostener sistemáticamente
la actualización del Archivo, y a reiterar cada año la
presencia en Plaza de Mayo.
Dieciocho
años después, el acto anual de CORREPI en Plaza de Mayo
se ha convertido en la instancia de síntesis de las luchas antirrepresivas
en todo el país, que convoca a la militancia de todos los sectores
y a muchísimos compañeros y compañeras que nos
acompañan cada año.
Este viernes
28 de noviembre, estaremos desde temprano, armando stands, colgando
guirnaldas con las fotos de los pibes, llenando de banderas y pancartas
la plaza. A las cinco de la tarde empezarán las intervenciones
artísticas con el aporte invalorable de las organizaciones culturales
compañeras que siempre están con nosotros. A las seis,
empezará el acto, con los referentes de las más destacadas
luchas obreras del año; con los espacios de coordinación
donde hacemos el tan necesario aprendizaje de la coordinación
y la unidad de acción frente al enemigo común; con las
organizaciones hermanas del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo).
Luego, el momento de los "datos duros", como dicen los periodistas.
Duros porque nos matan un pibe por día en las barriadas, duro
porque el 51% tenían menos de 17 años, duro porque en
la Puna, la Patagonia, la Cordillera o el Litoral, la represión
es política de estado.
Y los
compañeros familiares, que harán su intervención
marcados por las dos grandes ausencias que nos dejó este año,
Delia y Mary.
Tenemos
que ir a Plaza de Mayo el viernes, porque tenemos que ir. Por cada pibe
asesinado, por cada trabajador represaliado, por las compañeras
que no están, por cada compañero que sigue firme en la
lucha. Los esperamos.
Cristina
va de Shopping y le compra juguetitos a Milani.
El gobierno
nacional "admitió" la comprar millonaria de equipos
de espionaje para el Ministerio de Defensa... esto es: nuevos juguetes
para el general Milani, el mismo que defienden Cristina, La Cámpora
y ahora hasta Estela de Carloto, destinados a intervenir mails y comunicaciones
telefónicas.
Los nuevos
equipos, deudores de la última tecnología, sirven por
supuesto para realizar "inteligencia", ese eufemismo que utilizan
los gobiernos burgueses para nombrar el espionaje, la infiltración
y todo tipo de violación de los derechos individuales con fines
eminentemente políticos.
Esta incorporación
se da en el marco de un aumento de presupuesto del ministerio en cuestión,
que pese a las patéticas defensas ensayadas por el títere
Capitanich denota la atención que presta el gobierno "del
consenso" a aquellos sectores y organizaciones que precisamente
no se pliegan a tal consenso.
¿Cuál
podría ser la excusa perfecta, la justificación, para
estas compras? Por supuesto: "los delitos complejos", esa
abstracción que maneja el discurso estatal democrático
para operar como la CIA o la KGB contra los que se considera enemigos.
Pero no,
se necesita algo concreto, algún latiguillo que suene más
convincente, y entonces aparece la palabra mágica: narcotráfico,
y listo, con eso se acalla cualquier duda y se sigue pertrechando a
los verdugos del estado con dispositivos que oscilan entre el panoptismo
más abyecto (puesto que está basado en última instancia
sobre la protección de la libertad de la ciudadanía) y
la farsa que ya conocemos en torno al tráfico de drogas, en el
cual las fuerzas de seguridad y el poder políticos son protagonistas
centrales e imprescindibles, como observamos semana tras semana.
Resulta
conmovedora la defensa de Capitanich, haciendo referencia a la dependencia
respecto del Poder Judicial en estos casos y, sobre todo, a la operación
política que supondría el cuestionamiento de las compras,
operación que "pretende enlodar la actividad pública,
prístina y transparente del gobierno nacional" (sic).
Pobre
Cristina: va de Shopping con la tarjeta en llamas, compra lo que le
piden para "limpiar la patria" y encima la difaman.... así
no hay "democracia" que funcione.
Gatillo
fácil acá, y allá, en el norte.
La actualización
de nuestro archivo de casos es una ardua tarea que desarrollamos en
forma militante, con la intención de generar una herramienta
que permita entender con mayor claridad a qué nos referimos cuando
hablamos de una política de estado.
Esta actividad
se ve complejizada por el siempre constante accionar represivo. Esta
semana, a días de presentar nuestro archivo anual, seguimos sumando
casos. Tal es el caso de Diego Gauna, un joven de 29 años de
la provincia de La Pampa.
Diego
había concurrido al autódromo de Toay, donde se corría
una fecha de la categoría "zonales". Venía sufriendo
problemas con las drogas y el alcohol (su autopsia reveló un
agudo grado intoxicación), y tuvo un altercado con otros concurrentes.
Fue golpeado por varias personas en dos oportunidades. La policía,
presente en el lugar, no sólo no intervino al momento de los
incidentes, y dejó que le propinaran a Diego una terrible golpiza,
sino que su intervención posterior, lejos de asistirlo, lo condenó
a muerte. Lo detuvieron y cargaron en el patrullero. Diego llegó
muerto a la comisaría.
Y como
en casa, en EEUU el asesinato de jóvenes parece ser un deporte
policial por excelencia, y mejor aún si son negros. Así
trascendió últimamente en los medios con el caso de Michael
Brown, el joven de 18 años asesinado de seis disparos, en un
ataque que fue filmado y viralizado en las redes sociales y que ahora
tuvo un broche de impunidad con el cierre de la causa, ante la decisión
del Gran Jurado de no acusar al policía. Sólo que casi
enseguida, la historia se repitió.
Esta vez
hechos fue en Ohio, Cleveland, donde la policía asesinó
de dos disparos a un chico negro de 12 años. Los dos policías
dispararon contra el pibe en una zona de juegos al aire libre, después
de recibir denuncias telefónicas que "había un menor
apuntando a los transeúntes".
Después
de matarlo, los policías se dieron cuenta que el arma que tenía
el pibe era un juguete. Literalmente, estaba jugando.
Un incidente
similar ocurrió, también en Ohio, en agosto pasado, cuando
policías que respondían a un llamado de emergencia mataron
en un supermercado a John Crawford, un hombre negro que tenía
una pistola de juguete que era vendida en ese mismo local donde fue
asesinado.
La represión
no distingue fronteras, ni niños, ni enfermos. Lo que sí
distingue, es la clase.
No pasarán.
En el
boletín anterior celebrábamos un triunfo popular: Mariano
"Maro" Skliar, delegado general de la Junta Interna de ATE
en Promoción Social, y Humberto "Pitu" Rodríguez,
secretario general adjunto de ATE Capital, fueron absueltos en el juicio
iniciado como represalia de una movilización en el marco de un
plan de lucha a fines de 2012. Celebrábamos la absolución
de los compañeros, porque se hizo costumbre llevar a juicio a
los que se organizan en su espacio de trabajo y no responden a los burócratas
de turno; porque se hizo costumbre que intenten desbaratar las asambleas
donde los trabajadores discuten sus planes de lucha, y parece que ahora
se intenta hacer costumbre que sea la policía federal la que
irrumpa en los espacios de trabajo y no permita que se lleven a cabo
los espacios gremiales de los trabajadores.
Es el
caso de la Dirección General de Estadística y Censos de
la Ciudad de Buenos Aires, que vio el 20 de noviembre cómo, en
medio de una asamblea convocada por la junta interna, se intentó
desbaratar y amedrentar la posibilidad de organización. Esa misma
semana se había convocado esta asamblea con cuatro ejes sólidos:
renovación de contratos, continuidad laboral de los encuestadores,
bono de fin de año y plan de lucha para la jornada del 25 de
noviembre, en apoyo a la delegada general Tamara Lescano, víctima
nuevamente de la persecución sindical a la que vienen sometidos
los trabajadores de ese sector; cuatro ejes que fueron imposibles de
tratar.
Primero
fueron los jefes y jefas del sector y SUTECBA (Sindicato Único
de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires) quienes impidieron,
por orden del director José María Donati, la realización
de la asamblea. Por si fuera poco, y no contentos con la respuesta de
los trabajadores, llegó la PFA con un gran despliegue, anunciando
que quería cerrar las dos sedes laborales por que "no se
encontraría garantizada la seguridad de los trabajadores".
Desde
que se logró, como fruto de la organización y lucha, conquistar
la representación de los trabajadores por medio de una junta
interna, hace dos años, no han cesado las prácticas más
comunes de bastardeo político y persecución. Primero fue
con el intento de despido de Tamara Lescano, luego con el no reconocimiento
de Diego en el concurso a planta permanente por su activismo anti-burocrático,
luego fue Ernesto Abus, al que no dejaron participar del concurso por
haber nacido de padres exiliados políticos durante la última
dictadura cívico militar. Ahora, nuevamente contra la secretaria
general, en una causa armada por amenazas en el marco de la defensa
de un compañero precarizado despedido.
A las
claras la connivencia entre los jefes, el director, los abogados de
este organismo (todos ellos funcionarios públicos) y las mismas
fuerzas de "seguridad", está dispuesta a favor de los
que precarizan, despiden y amedrentan constantemente a todo el que se
organiza y sale a luchar.
Así
como por medio de la organización y la lucha se logró
en su momento la reincorporación de Tamara, se redoblan los esfuerzos
para desbaratar a los perseguidores con un nuevo plan de lucha.
Cristian Ferreyra, vive en la lucha de cada compañero.
El martes
4 de noviembre se inició el juicio oral y público por
el crimen de Cristian Ferreyra (23), militante del Movimiento Campesino
de Santiago del Estero (MOCASE), asesinado hace tres años por
resistir el desalojo de sus tierras.
La represión
estatal y los intereses de los grandes empresarios, una relación
necesaria en la defensa del sistema capitalista, muestran sus garras
a la hora de imponer el modelo agroexplotador: por un lado, el gobierno
implementa un sistema político-económico al servicio de
unos pocos, con secuelas de desocupación, ajuste y precarización
laboral en torno al saqueo de nuestros recursos naturales. Al mismo
tiempo, y como condición para lograrlo, necesitan utilizar sus
fuerzas represivas, de diferentes maneras, para defender sus intereses
contra los de abajo.
El poder
judicial y medios masivos de comunicación, son otros de los actores
que defienden, con uñas y dientes, acciones y discursos de quienes
nos someten.
Históricamente,
el aparato represivo estuvo estrechamente relacionado con las diversas
políticas económicas encabezadas por los gobiernos de
nuestro país que, si bien fueron cambiando sus formas de gobernabilidad,
presentan una continuidad en el objetivo: mantener un sistema que, al
servicio de los grandes grupos económicos, oprime y explota a
nuestro pueblo.
En esta
lógica se asienta el asesinato de Cristian, así como también
los cientos de amenazas y persecuciones que se practican de manera sistemática
sobre las comunidades campesinas, a medida que avanza el modelo agroexportador.
En el caso de Santiago del Estero, son los intereses de la burguesía
sojera contra los del campesinado. Podríamos decir que el kirchnerismo,
junto con el gobernador Zamora, son fieles protectores de Grobocopatel,
Monsanto y compañía, hasta empresarios locales, como el
asesino Jorge Ciccioli, principal responsable del crimen del joven militante.
Sin dudas,
gracias a la perseverante lucha de del Movimiento Campesino de Santiago
del Estero (Mocase-VC), de organismos de derechos humanos y otras organizaciones
sociales, se está llevando adelante un juicio histórico.
El empresario Jorge Ciccioli está acusado de homicidio en segundo
grado, amenaza de muerte, agresiones leves y graves, y va a ser juzgado
junto con cinco de sus guardianes armados.
Aunque
ninguna pena repare sobre la pérdida de sangre de otro hijo de
nuestro pueblo, son las luchas por la memoria, la vida y la liberación
de nuestra clase, las que no dejan morir a nuestros caídos.
FUENTE:
CORREPI
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