Las
cárceles argentinas son un conglomerado de discriminación,
hacinamiento, pésimas condiciones de vida. la protesta por una
existencia mejor se paga con la represión.
Establécese
el día 22 de octubre de cada año como Día Nacional
del Derecho a la Identidad, para conmemorar la lucha emprendida por
Abuelas de Plaza de Mayo.
Sancionada:
Diciembre 16 de 2004
Promulgada:
Enero 5 de 2005.
El Senado
y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos
en Congreso, etc.sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1° — Establécese el día 22 de octubre
de cada año como Día Nacional del Derecho a la Identidad,
en conmemoración al inicio de la lucha emprendida por Abuelas
de Plaza de Mayo.
ARTICULO
2° — Dispóngase la realización en esa fecha
de una jornada educativa y de concientización en todos los niveles.
ARTICULO
3° — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir a la presente.
ARTICULO
4° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN
LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECISEIS
DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO
REGISTRADO
BAJO EL N° 26.001
EDUARDO
O. CAMAÑO. — MARCELO A. GUINLE. — Eduardo D. Rollano.
— Juan H. Estrada.
PREMIO
NOBEL DE LA PAZ - PÉRZ ESQUIVEL
Nació
el 26 de noviembre de 1931. El premio, obtenido en 1980, destaca la
lucha contra la despiadada represión ejercida por la dictadura
Argentina sobre todas las personas y expresiones políticas -
sociales – sindicales – religiosas que no encajaban en su
diseño de país o la confrontaban. Representa además
un nuevo llamado de atención internacional sobre la misma. que
ya llevaba más de 4 años en el poder.
Escultor
de profesión, funda la Revista “Paz y Justicia en 1973,
y, junto a diversos grupos cristianos, el Movimiento Ecuménico
Paz y Justicia. En 1975 participa en la creación de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos.
Entre los
años 1977 y 1979 estuvo preso por su militancia pacifista y contra
la dictadura. Encabeza el “Servicio de Paz y Justicia”,
Fundación que tiene por objeto la difusión y cumplimiento
de los derechos humanos en el mundo.
BARILOCHE
MOVILIZADO DICE: BASTA DE GATILLO FACIL, TORTURA Y PERSECUCIONES
Por Correpi
especial para Villa Crespo Digital
15 de julio
del 2010
Durante
todo el fin de semana largo, mientras se disputaban los partidos del
Mundial, a cuentagotas los argentinos nos fuimos enterando por los medios
lo que pasaba en Bariloche. Hace unos días, un pibe fue asesinado
por un policía que integraba el BORA, la brigada de despliegue
rápido que ya mató a varios pibes en esa ciudad. Esta
vez asesinó a Diego Bonefoi, un pibe de una barriada popular
del Alto de Bariloche. Con la excusa de “identificarlo”,
un policía, cuya identidad ha sido celosamente preservada, le
atravesó el cráneo con una bala9 mm.
La respuesta
de las barriadas del Alto de Bariloche no se hizo esperar. Los habitantes
de los barrios pobres de Bariloche, que bien saben de tantos otros episodios
similares, salieron a las calles, se organizaron y lucharon por Diego.
La respuesta del gobierno fue reprimir, esta vez selectivamente, sobre
los movilizados. Matías Carrasco (16) y Sergio Cárdenas
(29) fueron fusilados durante la represión a la pueblada.
Tres pibes
fusilados, 21 heridos, decenas de detenidos en las diferentes comisarías,
la mayoría torturados, allí, en los calabozos frente al
Centro Cívico y al monumento a Roca, mientras seguían
reprimiendo la movilización popular. A un pibe le quebraron el
brazo cuando le pisotearon la mano con los borceguíes, que dijeron
“con esta ya no vas a poder tirar más piedras”. En
el hospital le dijeron a los policías que necesitaba una intervención
inmediata pero se lo llevaron nuevamente y lo mantuvieron detenido.
Desde la celda, el chico escuchó a los policías deliberando:
¿Nos cargamos uno más? Se nos fue mucho la mano, ¿y
si lo matamos? Otros pibes fueron gaseados dentro de la celda después
de haber recibido golpizas.
La situación
represiva en la ciudad no es nueva. En 2006, CORREPI publicó
una serie de notas denunciando la situación de apartheid vigente
en la ciudad de Bariloche, con los barrios del alto, los barrios obreros,
militarizados bajo una represión constante para evitar que sus
habitantes afeen con su presencia la zona céntrica, destinada
a los ricos turistas. Describimos lo que sucede a diario en los ocho
pasos para acceder desde los barrios de alto (El Frutillar, San Francisco,
34 Has., etc.) hacia el bajo, con sus casas de té y finas hosterías.
En cada uno de esos pasos hay permanentes operativos cerrojo.
Insistimos
muchas veces en la enorme cantidad de detenciones arbitrarias ("excusadas"
con la averiguación de antecedentes o el código contravencional),
de golpizas, de operativos de la policía y del grupo especial
BORA en los barrios, con o sin orden judicial, que en ese momento estaba
a cargo del comisario Veroiza y hoy a cargo del comisario Carrizo.
Denunciamos
entonces, el amedrentamiento y los ataques a los vecinos que se atrevieron
a intentar organizarse contra la represión, como la vecina del
barrio 34 Hectáreas, Blanca Grande, que perdió un ojo
por un balazo de goma durante un operativo policial en 2006, y la sucesión
de muertes a manos policiales, que suman medio centenar desde 1983,
en una provincia con menos de 600.000 habitantes. Son los jueces del
sistema y de la gran familia judicial, como Martín Lozada, quien
tiene el record de no “incomodar” a ningún funcionario
de las fuerzas represivas del estado, en las causas por gatillo fácil
y represiones de todo tipo.
Río
Negro es ejemplo de cómo un gobernador radical, adicto al gobierno
kirchnerista, sostiene y avala al aparato represivo que le toca administrar.
Fue el gobernador Sainz que llamó a una reunión a la Iglesia,
los empresarios y la burocracia sindical para avanzar en acuerdos de
“pacificación”. Fue Sainz quien le pidió,
a Cristina Kirchner, por favor, para lograr ese objetivo, el envío
de tropas de gendarmería. Es Sainz quien sostiene un ministro
de seguridad y justicia, el comisario Víctor Cufre, denunciado
por pertenecer a una red de trata de personas en Choele Choel. Es también
Sainz, con sus seguidores, quien brinda a la derecha la posibilidad
de aplaudir en las puertas del Centro Cívico los fusilamientos
bajo el discurso de “mejor calidad de vida y seguridad ciudadana”.
Es la presidenta
Cristina Kirchner quien le brindó todo el apoyo del gobierno
“nacional y popular” y puso a su disposición a la
gendarmería.
Es el estado
argentino, gobierne quien gobierne, que sigue un plan sistemático
de acción represiva.
Nuestra
solidaridad a todos los que luchan, nuestro acompañamiento a
los familiares de los chicos fusilados y a la sociedad de Bariloche,
que se sigue movilizando para gritar BASTA DE GATILLO FÁCIL Y
TORTURAS – BASTA DE REPRESIÓN.
JUNIO
HOMENAJE
A DARIO SANTILLÁN Y MAXIMILIANO KOSTEKI
Enviado
por Haydeé Dessal especial para Villa Crespo Digital
En canal
13, mostraron un video grabado en Remedios de Escalada el día
miércoles 19 de mayo al mediodía (según la fecha
que muestra la cámara). Muestra un hecho recurrente en este país.
Un hombre mayor salía de un banco con un bolso. Dos personas
(una en moto) lo esperaban afuera. El que estaba a pie forcejeó
con él, intentando sacarle el bolso. No lo logró. El señor
mayor reingresó al banco. En ese instante salió un policía,
que sin mediar palabra, ni teniendo en cuenta que eran las once y monedas
y que la calle estaba llena de gente, disparó cuatro o cinco
veces hacia los dos hombres que escapaban en la moto. Detrás
de la moto se vieron claramente un coche y una camioneta que quedaron
en la línea de fuego. Son incontables los casos de "gatillo
fácil" que conocemos con situaciones como éstas,
que terminan con un transeúnte muerto.
Por otro
lado, y volviendo al relato periodístico que dio Mauro Zeta,
el constante defensor policial no se cansó de remarcar que “por
suerte, el motochorro murió" y que "estaba fuertemente
armado", aunque en el video nunca se ve que tenga o saque un arma.
De haberla tenido ¿no la hubiera usado? ¿Será que
el "delincuente" tiene más criterio que el policía
para no herir a terceros? ¿O será que, en verdad, el policía
se encargó de que le "aparezca" un arma luego de que
lo matara?. Siguiendo con los relatos del periodista, también
se encargó de remarcar que el muerto tenía antecedentes,
porque cumplió con una condena meses atrás.
Que quede
claro que repudiamos el robo al anciano, pero nunca un delito a la propiedad
es mas grave que el delito contra la vida, aunque desde el periodismo
y desde incontables sectores políticos nos bombardeen con la
inseguridad. En este caso es evidente como dos personas intentaron robarle
un bolso a un anciano, poniéndolo en riesgo, mas no lo lastimaron
ni pusieron a otros en riesgo. Y "en defensa del pueblo" reaccionó
el policía, que sí puso en riesgo a cuanta persona pasara
por el lugar y mató por la espalda a una persona que huía,
desarmada. Entonces debemos preguntarnos ¿Que es la inseguridad?.
MÁS
MUERTES BAJO CUSTODIA
Las formas
de eliminación de pibes pobres que el estado represor aplica,
gobierne quien gobierne, procura devenir en “negligencia”
o falta de control cuando la muerte bajo custodia se produce en el ámbito
de una ONG subsidiada, pero basta con conocer algunos detalles para
echar por tierra esos argumentos.
El 14 del
mes pasado Luis (14) apareció suicidado en el “Centro Juvenil
Esperanza”, una ONG en que lo colocó el mismo estado en
cabeza de un juez federal y que como tantos otros depósitos de
niños pobres son parte de la red de prestadores que terceriza
el gobierno de la ciudad de Buenos aires (en la gestión de Macri
y antes de él también). La madre, enterada el mismo día,
no pudo ver el cuerpo de su hijo porque había que dejar “actuar”
a la policía. No se trata de hacer cumplir el tan amplio entramado
de normas que protegen los derechos de la niñez, se trata de
comprender que si se es pobre la represión es lo único
que tiene vigencia, como Luis y su madre, que buscaba que su hijo se
recuperara de una adicción a las drogas y obtuvo como respuesta
su muerte.
Más
muertes se produjeron esta semana en las cárceles, verdaderos
centros de exterminio. El pasado domingo, en el penal de Olmos, Miguel
Marcelo Rojas Gutiérrez murió como consecuencia de los
puntazos recibidos durante la madrugada, práctica conocida como
“coche bomba”. Un día antes, en Mendoza, Roberto
Aseff (26) apareció ahorcado por un supuesto suicidio en su celda
del penal de Cacheuta, convirtiéndose en el detenido número
14 fallecido en lo que va del año 2010 dentro de los dos centros
de detención de la provincia.
MAYO
SILVIA
SUPPO
ASESINATO
POR ROBO O POR ENCARGO
SUPPO
FUE TESTIGO POR CAUSAS DE DESAPARICON DE PERSONAS
Por
Marta Monti especial para Villa Crespo Digital
10
de mayo del 2003
Silvia
Suppo fue una testigo del juicio contra el Juez Federal, Victor Brusa,
y también impulsaba la causa que investiga la desaparición
de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero
de 1977, en la Catedral de Rafaela.
Los imputados viven en la misma ciudad.
El día sábado 30 de marzo del corriente, entre las 9 y
las 9.30 horas fue asesinada de doce puñaladas en su negocio
ubicado en pleno centro de la ciudad.
Según la versión policial, el móvil fue el robo,
dado que faltaba el dinero de la caja fuerte y algunas mercaderías
de la talabartería.
Al cierre de esta edición había dos detenidos de 18 y
de 19 años, con antecedentes delictivos y, la policía
seguía buscando a otros dos delincuentes. Siempre bajo la hipótesis
del robo.
La abogada Lucilla Puyol, de Hijos de Santa Fe, consideró una
“irresponsabilidad tomar esta determinación a partir de
tan pocos elementos. Está claro que este es un asesinato por
su calidad de testigo”
FUENTE DE UN DIARIO LOCAL 3 de mayo
ABRIL
LAS
SENTENCIAS A REYNALDO BIGNONE, OMAR RIVEROS, FERNANDO VERPLAETSEN ENTRE
OTROS
Redacción
Villa Crespo Digital
19 de abril
En el comunicado
de HIJOS - Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido
y el Silencio del 17 de abril del corriente año, se anuncia sobre
las sentencias que se leerán mañana martes 20 de abril.
Continúa
el comunicado: Todos ellos están acusados por delitos de lesa
humanidad cometidos en Campo de Mayo, la más grande guarnición
militar del país, donde funcionaron cuatro Centros Clandestinos
de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) y una maternidad
clandestina. Se estima que allí hubo 5.000 detenidos-desaparecidos
y menos de 50 ellos sobrevivieron. Los crímenes cometidos ahí
se juzgan en una Mega-Causa.
Están
acusados de allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición
de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, durante los años
1976 a 1978.
La audiencia
comenzará a las 9:30 horas, en ese instante los implicados pueden
hacer uso de la palabra, luego alrededor de las 16.30 el Tribunal dará
su decisión.
Éste
es el segundo Juicio oral y público de la Mega-Causa, que comenzó
en noviembre de 2009 y está a cargo del Tribunal Oral Federal
Nº 1 de San Martín (integrado por los jueces Marta Milloc,
Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros). Durante el debate
prestaron declaración testimonial más de 100 personas.
Los juzgados
por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito
de Campo de Mayo son:
Reynaldo
Bignone (ex Presidente de facto, dictador)
Santiago
Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo
de Mayo)
Fernando
Exequiel Verplaetsen (jefe del Departamento de Inteligencia de Campo
de Mayo)
Carlos
Alberto Tepedino (jefe del Batallón de Inteligencia 601 del Estado
Mayor General del Ejército durante el año 1978)
Eugenio
Guañabens Perelló (director de la Escuela de Servicios
para Apoyo de Combate “General Lemos”)
Germán
A. Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977)
Jorge Osvaldo
García (director de la escuela de infantería de Campo
de Mayo)
Tanto la
Fiscalía como las querellas representadas por los abogados de
las Abuelas de Plaza de Mayo y Pablo Llonto, pidieron 25 años
de prisión para Bignone y Riveros.
El Juicio
puede ser presenciado por las personas mayores de 18 años que
se acrediten con su DNI. Este Juicio se desarrolla en Hipólito
Irigoyen 4595, Florida (Provincia de Buenos Aires).
MÁS
ABAJO: CON FECHA 6 DE ABRIL LA NOTA REALIZADA POR ESTA REDACCIÓN
Tiene
46 años y dio a luz a su decimosexto hijo
Enviado
por Haydeé Dessal especial para Villa Crespo Digital
17
de abril del 2010
La
mujer, que vive de una pensión por ser mamá de
más de siete hijos, dio a luz hoy a Ulises Martín
Alejandro, que pesó 4,500 kilogramos.
15 comentarios
Una campesina santiagueña de 46 años dio a luz
hoy a su decimosexto hijo, de los cuales 11 son mujeres, en
la sala de maternidad del Hospital Regional "Ramón
Carrillo” de la capital santiagueña, informaron
fuentes médicas.
La
reciente mamá es Josefa del Valle Salazar, una humilde
campesina que vive junto a su tercera pareja, Luis Cancinos,
en una casa de campo tipo "rancho” del paraje "Suncho
Pocito”, población rural del departamento San Martín,
distante a 39 kilómetros al sur de la capital santiagueña.
La
mujer, que vive de una pensión por ser mamá de
más de siete hijos, dio a luz hoy a Ulises Martín
Alejandro, que al nacer pesó 4,500 kilogramos.
"Este
hijo vino en forma inesperada, pensé que a esta edad
no iba a tener más hijos”, dijo la mujer que actualmente
vive con 9 de sus 16 hijos y 9 nietos.
La
familia numerosa vive en dos ranchos, en una zona cubierta de
tupida vegetación, cercana a la localidad de Brea Pozo,
zona habitada por cientos de campesinos que se dedican a la
producción y venta de carbón vegetal.
"Me
faltan realizar algunas mejoras en el rancho, para evitar filtraciones
cuando llueve y también necesito de un tanque para almacenar
agua, porque con mi pensión y lo que cobra mi marido
como trabajador golondrina, no nos alcanza”, añadió
la mujer.
El
médico que la asistió en el parto, José
Sirena, dijo que el estado de salud de la mujer y del recién
nacido "resultan satisfactorios” y que en las próximas
horas evaluará la posibilidad de darle el alta.
VEREDICTO
ABSOLUTORIO
LA
VÍCTIMA: GUSTAVO MANUEL MARECO DE 16 AÑOS
Por
Correpi especial para Villa Crespo Digital
7
de abril del 2010
“Por unanimidad, el tribunal resuelve dictar veredicto
absolutorio respecto de Gastón Alberto Carrizo, en orden
al delito contra la vida del que fuera víctima Gustavo
Manuel Mareco”. Con esa sola frase, los jueces del Tribunal
Criminal nº 2 de San Martín dieron por terminado
el juicio contra el teniente de la policía bonaerense
que, el 16 de abril de 2008, mató, de un tiro en la frente
a un adolescente desarmado de 16 años. En la calle, los
militantes de CORREPI coreaban: “Yo sabía, yo sabía,
jueces y fiscales, protegen a la policía”.
Con
este veredicto el poder judicial da cuentas de su función
esencial: garantizar la impunidad a los asesinos de pobres,
legitimar sus asesinatos, mostrar ante toda la sociedad que
la impunidad es ley, y que la ley mata. El nombre de Gustavo
Mareco nos recuerda, sin embargo, que los asesinos de gorra,
y los legitimadores de toga, deberán toparse con mucho
más que querellantes en el marco de un juicio.
Los
jueces no dieron las razones de su decisión. ¿Escribirán
que disparar contra un pibe de 16 años, desarmado, es
legítima defensa? ¿Escribirán que ser sospechoso
del robo de un celular vale una vida, sobre todo si es la vida
de un pibe pobre y morocho?
Los
jueces cumplieron su deber. Garantizaron la impunidad del perro
guardián de su clase. La vida de Gustavo Mareco, 16 años,
hijo de una trabajadora y vecino de una villa, vale, para ellos,
menos que un teléfono celular.
Frente
a la represión, la conciencia popular de los que luchamos
se verá siempre fortalecida con la comprobación
de que no es un policía el que reprime al pueblo: es
toda la institución. La lucha que sostenemos día
a día no es sólo por “sentencias justas”
sino, principalmente, por nuestra conciencia.
Los
hechos:
En
el debate se oyeron dos versiones del hecho. La de los vecinos
y amigos de Gustavo y la del policía.
Los
primeros, contaron que el chico andaba jugando con un celular
que dijo que encontró, cuando empezó a recibir
llamados de alguien que le ofrecía dinero si lo devolvía.
Quien lo llamaba era el teniente Carrizo, cuñado del
dueño del teléfono, a quien se lo habían
robado un rato antes en la estación de Adolfo Sourdeaux.
Tentado por la plata que le ofrecían, Gustavo aceptó
encontrarse con su interlocutor en un descampado cerca de las
vías del Belgrano, a unos cincuenta metros de su casa.
No sabía que estaba, también, a menos de dos cuadras
de la casa del policía.
Gustavo
fue al lugar, caminando sobre el terraplén de la vía,
con sus 16 años, la mano izquierda tullida por una vieja
fractura mal consolidada, y el celular en la derecha, mostrándolo
hacia adelante. A unos metros, lo seguía su amiga Gisella,
de su misma edad. A unos diez metros, desde abajo del terraplén,
miraba el hermano de Gisella, de 14 años. Desde su casilla
de madera, construida prácticamente sobre la vía,
escuchaba la conversación un matrimonio vecino. Oyeron
las voces de Gustavo y su amiga, y la de un hombre que hablaba
por el Nextel. Después, silencio. Y enseguida, tres tiros.
Uno que pegó en la cabeza de Gustavo, que cayó
muerto con el celular en su única mano hábil.
Dos que hicieron correr a la nena por su vida, hasta que se
refugió en la casa de una vecina. Enseguida, los vecinos
que salieron a ver qué pasaba, los gritos desesperados
de Viviana, la mamá de Gustavo, su prima y sus amigos.
El
policía, en cambio, dijo que fue al lugar porque tenía
miedo, porque a su cuñado le habían robado el
DNI y los que lo llamaron por el celular le dijeron que iban
a ir a la casa de la suegra si no les llevaba plata al puente
de la vía. Dijo que, al llegar, había una persona
sobre el puente, y varias más parapetadas, armadas, que
lo apuntaron con revólveres. Dijo que se asustó,
disparó un tiro y se fue corriendo. Dijo que no supo
que había matado a alguien hasta que se entregó,
varias horas después, en la DDI de San Isidro, su lugar
de trabajo. No explicó cómo pudo hacer Gustavo
para saber que él era el cuñado de la víctima
del robo, cómo eligió su teléfono entre
tantos que había en la memoria del aparato, quiénes
eran los “agazapados” francotiradores ni por qué
tardó más de tres horas en ir a una comisaría
diferente de la de Los Polvorines.
ASESINARON
EN SU NEGOCIO EN RAFAELA, SANTA FE, A SILVIA SUPPO, EX DETENIDA-DESAPARECIDA,
TESTIGO EN EL JUICIO CONTRA EL EX JUEZ BRUSA
Villa
Crespo Digital
6
de abril del 2010
Asesinaron
a una testigo clave en el juicio que llevó a la condena
del ex juez Brusa por crímenes de lesa humanidad durante
la dictadura. Silvia Suppo, que había sido secuestrada,
torturada y violada a los 17 años, fue hallada apuñalada
en su negocio de Rafaela. Los investigadores “no descartan
ninguna hipótesis”. Esto ocurrió el pasado
29 de marzo del corriente año.
Recibió
doce puñaladas. Silvia Suppo impulsaba también
la causa por la desaparición de su compañero,
Reinaldo Hammeter. Dos de los imputados viven en Rafaela. Las
hipótesis van desde el robo hasta la venganza.
Reinaldo
Hammeter fue secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral
de Rafaela. Silvia fue asesinada entre las 9 y las 10 de la
mañana, el negocio está ubicado en pleno centro
de su ciudad, que tiene unos 95.000 habitantes, donde es inédito
un crimen con semejante ensañamiento.
Según
la versión policial, entraron a robarle, dado que faltaba
el dinero de la caja y alguna mercadería de la talabartería.
Al cierre de esta edición había dos personas detenidas,
de 18 y 19 años, con antecedentes delictivos, y la policía
buscaba a otros dos, siempre bajo la hipótesis de robo.
En cambio, la abogada Lucila Puyol, de Hijos Santa Fe, consideró
una “irresponsabilidad tomar esta determinación
a partir de tan pocos elementos. Está claro que este
es un asesinato en su calidad de testigo”.
Puyol subrayó que “por su calidad de víctima
y de testigo para la causa Brusa, y para la causa de Hammeter,
que se encuentra en etapa de instrucción, así
como la cercanía con el 24 de marzo y los otros elementos
que está aportando la familia, como las intimidaciones
permanentes que sufría, está claro que no se puede
investigar como un robo”.
Silvia
tenía 51 años, dos hijos de 21 y 24, y se encontraba
sola en el negocio dedicado a la venta de artesanías
en cuero y plata en Sargento Cabral al 200, a pocas cuadras
de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V. También
vivía allí.
Los hijos de Silvia pidieron que la autopsia se realizara en
la ciudad de Santa Fe. Junto a abogados querellantes de las
causas por delitos de lesa humanidad se entrevistaron con la
fiscal Cristina Fortunato, que entiende en la causa, para pedirle
que se tome el caso con la gravedad que corresponde. Subrayaron
la importancia del testimonio de la víctima en el juicio
contra Brusa, su participación en otro proceso por la
desaparición de su compañero –del que también
sería una testigo muy importante–, que tiene cuatro
imputados, de los cuales al menos dos residen en Rafaela. La
familia de Silvia todavía no prestó declaración,
pero relatará sobre las permanentes intimidaciones, hechas
por personas que se paraban desafiantes frente a su negocio.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Horacio Ghirardi,
afirmó: “Estamos siguiendo personalizadamente la
investigación, con los jefes policiales y de las distintas
áreas, tanto del Ministerio de Seguridad como de Justicia.
Lo seguimos muy de cerca para ver cómo evoluciona el
hecho”. Justamente, ayer la policía detuvo a dos
personas y realizaba allanamientos en la zona de Rafaela en
busca de otros dos que –según una fuente–
“tendrían alguna implicancia o algún tipo
de complicidad”.
Silvia no formaba parte del Programa de Protección a
Testigos del Ministerio de Justicia de la provincia, pero su
asesinato revela la indefensión en la que se encuentran
los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad. “Cuando
dio testimonio, se le ofreció su ingreso al programa,
pero ella no requirió nada. Aun así, siempre estuvimos
en relación con ella”, indicó el director
del Programa, Oscar Blando. El funcionario agregó que
ayer fueron a hablar con el jefe de la Unidad Regional, Juan
Mondino, y el juez de la causa, Alejandro Mognaschi. “Queremos
saber si fue un robo o una situación vinculada con los
derechos humanos. Si fue un robo, hay que tranquilizar a los
testigos. Si no lo fue, es un hecho gravísimo y hay que
redoblar los esfuerzos del Estado”, agregó Blando,
quien subrayó que la familia de la víctima recibió
asistencia de funcionarios del programa.
Suppo declaró el 5 de octubre pasado en la causa conocida
como Brusa, que tuvo también como imputados a Juan Calixto
Perizotti, Héctor Colombini, María Eva Aebi, Mario
Facino y Eduardo Ramos. El 21 de diciembre pasado, se conoció
la sentencia de 19 a 21 años de prisión para los
acusados de privación ilegítima de la libertad
y tormentos. Además, Silvia impulsaba la causa por su
compañero desaparecido el 25 de enero de 1977. Allí
hay cuatro imputados, de los cuales al menos dos aún
viven en Rafaela.
Luego
de su asesinato el espacio Juicio y Castigo de Rosario reclamó
“al Estado el inmediato esclarecimiento de este doloroso
hecho, ya que sucede en un contexto de declaraciones de algunos
nostálgicos golpistas y de actos preocupantes que se
vienen sucediendo en distintas provincias. Es necesario que
las autoridades arbitren todos los medios necesarios para generar
tranquilidad en testigos y querellantes de los distintos juicios
para que los mismos sigan adelante con la justa condena a todos
los genocidas”.
AÑO
2008 páginas 1 a 4 y trabajos relacionados
AÑO 2007 páginas 5 a 45
AÑO 2006
Diciembre páginas 45 a 58
Noviembre páginas 58 a 95
Octubre y septiembre páginas 95 a 163
